¿Cuáles son los derechos que tiene una persona sometida a un proceso?

Toda persona detenida, tiene derecho  a la defensa, a contratar los servicios de un abogado especialista en derecho penal elegido por libre disposición del detenido, lo cual se ampliara a continuación.

Derecho a la asistencia letrada para la defensa en el proceso penal

Toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a la defensa que lo asiste, por un abogado especialista en derecho penal. La preceptiva asistencia letrada de toda persona contra la que es dirigido un proceso penal constituye una garantía para la efectividad del derecho a la defensa que le asiste. Esta asistencia letrada viene impuesta desde el momento mismo de la detención policial, o, en caso de que hubiere sido anterior, desde la formulación de una imputación en su contra. Al tratarse de una asistencia preceptiva, de no ser designada voluntariamente por el sometido a proceso deberá serle asignada de oficio.

En caso de renuncia del abogado especialista en derecho penal, es decir del letrado designado, la persona sometida al proceso puede efectuar una nueva designación, caso contrario le será asignada defensa de oficio.

El artículo 118 de la Ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim), hace referencia a la asistencia letrada desde que aparezcan en la causa elementos de imputación aunque no resulten todavía de entidad bastante para dictar el procesamiento. Cuando se trate de un procedimiento por delito leve, en que no es preceptiva la asistencia letrada y por tanto los llamados a él pueden ejercer la autodefensa, el derecho analizado abarca la opción de comparecer por sí mismo, sin defensa letrada, o hacerlo con la asistencia técnica letrada; y en este segundo supuesto si, por condicionantes de tipo económico o de otra naturaleza, se pidiese del órgano judicial la designa de abogado especialista  en derecho penal de oficio, éste habrá de pronunciarse expresamente sobre la solicitud, accediendo o no a la designa en función de las concretas circunstancias del caso, con especial atención a la mayor o menor complejidad de los hechos sometidos a juicio, a la formación y conocimientos jurídicos del solicitante y, fundamentalmente, a si la contraparte cuenta a su vez con asistencia letrada de la que pudiera deducirse un desequilibrio en la contienda. Y ya en el juicio, si el denunciado asumiese su propia defensa, la necesidad de garantizar la plena confrontación de las pruebas, lleva a permitir que el comparecido sin asistencia letrada pueda dirigir preguntas a los testigos de cargo, aunque el interrogatorio no podrá ser directo sino por la mediación judicial, y en esos términos habría de ser informado el denunciado que se auto defiende. De no ser permitido el interrogatorio o informado el denunciado de esa posibilidad podría resultar vulnerado el derecho a la defensa, si constase la voluntad del denunciado de contrainterrogar en juicio.

Derecho a la asistencia técnica

Este derecho abarca todas las fases del proceso, incluida la de ejecución y, en caso de cumplimiento de pena de prisión en algún centro penitenciario, también a los eventuales expedientes disciplinarios que la administración penitenciaria pudiese seguir en su contra. Mas sin embargo en caso de un expediente disciplinario, que pudieran seguir en contra del detenido, el derecho a la asistencia técnica, está tipificado en el articulo 242.2 i/ del Reglamento penitenciario , en el que se contempla que pueda realizarse el derecho de asistencia técnica no solamente a través de abogado especialista en derecho penal, sino también a través de un funcionario del centro penitenciario o por cualquier otra persona que el interno designe, siempre que en este último caso sea compatible con las exigencias de seguridad, tratamiento y buen orden del penitenciario

Derecho a la información de la acusación en el proceso penal

Desde el momento que una persona es detenida, debe  estar notificada de los términos de la acusación formal. Desde el momento de la incoación de un proceso en el caso de aparecer elementos de incriminación frente a una persona concreta e identificada, debiendo desde ese momento serle notificada al imputado a los fines de su conocimiento, de tal forma que solo en la eventualidad en que las primeras diligencias sean declaradas secretas podrá ser evitada la puesta en conocimiento de la persona investigada.

Desde el momento de la imputación formal deberá notificársele al imputado de  todas las incidencias del caso, para que este tenga una defensa efectiva, así como también como requisito formal para la válida clausura de la instrucción si desde ella se pretende acomodar el proceso a su fase intermedia y posibilitar una eventual acusación formal contra el imputado. Esa imputación formal estará referida a hechos concretos y determinados, no condicionará por tanto la calificación jurídica que de esos mismos hechos puedan realizar las acusaciones, pero éstas no podrán incluir en sus respectivos escritos de acusación hechos distintos a los que han sido objeto de imputación. Si alguna de las acusaciones pretendiese atribuir hechos distintos a los comprendidos en la imputación formal realizada, habría de instar nueva información ampliatoria de la imputación, si estuviere en tiempo hábil para ello. En otro caso sólo le quedará instar un nuevo proceso. En estos casos es conveniente la figura de un abogado especialista en derecho penal, con suficiente capacidad y experiencia para que lleve a cabo la revisión del expediente y pueda notificar al imputado de toda la información contenida en el mismo.

La formalización de la acusación, para satisfacer el derecho a la información en circunstancias que posibiliten una defensa efectiva, deberá contener un relato de hechos que, además de no apartarse de los que fueron objeto de imputación, se produzcan en términos suficientemente concretos como para posibilitar la defensa contradictoria. No es admisible, por tanto, ni la acusación implícita, ni la tácita, ni la que venga redactada en términos absolutamente vagos o indeterminados.

El escrito de acusación deberá ser conocido por el acusado en tiempo que le permita articular frente al mismo una defensa efectiva.

Derecho a la articulación de la defensa en el proceso penal

El derecho a articular una defensa efectiva tiene, desde la perspectiva del imputado o acusado, una doble vertiente, por un lado, le reconoce la facultad de proponer pruebas propias e intervenir en las que proponga la parte contraria, y por otro, la de formular alegaciones en defensa de sus intereses y contra alegar las de la acusación.

Cabe considerar a la defensa como una garantía para el desarrollo mismo del proceso, de forma que nunca podrá estar ausente para la válida constitución de éste, convirtiéndose así en irrenunciable e inalienable ya que nadie puede renunciar a la posibilidad de ejercer la defensa y nadie puede ser privado de su derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado especialista en derecho penal.

La relevancia del derecho a la defensa como garantía constitucional entre los derechos fundamentales tiene unos efectos evidentes, inmediatos y directos:

  1. a) De una parte, todas las personas públicas, tanto las que conforman el poder legislativo como las que integran el poder judicial, se encuentran obligadas a respetar; unos, al configurar los procedimientos que desarrollan los procesos, y otros, los jueces, en la tramitación concreta de dichos procesos.
  2. b) De otra, es una consecuencia directa de este reconocimiento constitucional, que esta garantía se constituye para todos los sujetos, tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo de la relación procesal, ya que ambos desarrollan una actividad de la misma naturaleza y ocupan una posición u otra, en función de su orden de entrada en el proceso.

Pero, es más, cabe señalar que la defensa ampara no sólo a los que son parte del proceso desde el principio, sino que también debe proteger a todos aquellos que pueden verse afectados por el resultado del juicio, pues los efectos del proceso como los perjuicios que pueda provocar la resolución judicial, han de producirse como consecuencia de la garantía de participación de los interesados en su formación. En definitiva, esta garantía de la defensa, además de los que son parte inicialmente en el proceso, también alcanza a los que, sin serlo, podría serlo en un momento posterior por hallarse en situaciones litisconsorciales. Por ello, la garantía de la defensa supone que debe concederse a cada interesado la posibilidad de actuar en el proceso, posibilidad que no debe ser necesariamente una obligación, pues admite también la pasividad de la parte los procesos civiles, pueden ser tramitados íntegramente en rebeldía del demandado.

Con carácter general, podemos decir que la garantía de la defensa comprende:

  1. a) En primer lugar, la posibilidad de formular alegaciones en defensa de los intereses que se hayan articulado.
  2. b) En segundo lugar, que se garantice el derecho de probar tales alegaciones, pues es esencial en el proceso que las peticiones y alegaciones realizadas queden debidamente probadas, ya que en otro caso carecerían de valor.

La prueba es una de las actividades esenciales de la defensa y debe comprender:

  • Que el proceso se reciba a prueba y exista un periodo probatorio suficiente.
  • Que exista el derecho a proponer los medios de prueba,
  • Que la prueba sea válidamente admitida.
  • Que la prueba propuesta y admitida sea practicada;
  • Que se permita intervenir en su práctica a los interesados.
  • Y, finalmente, que la prueba sea valorada por el Tribunal.
  1. c) Asimismo, la garantía de la defensa debe asegurar el derecho de contradicción, ya que la misma, no es más que el derecho a la defensa que simultáneamente ejercitan las partes contrapuestas.
  2. d) Finalmente, debemos señalar que se trata de una garantía esencial de la defensa que las pruebas y alegaciones sean tomadas en cuenta por el Juzgador, de forma que guarden congruencia entre lo pedido y alegado por las partes, y, además, que la resolución cuente con una motivación suficiente.

La defensa como garantía constitucional, asegura así, que todos los ciudadanos, cuyos intereses puedan verse afectados por una resolución judicial, tengan la posibilidad de intervenir a lo largo del proceso en el que se dicte, realizando las alegaciones oportunas y proponiendo los medios de prueba pertinentes, teniendo la posibilidad de contradecir lo propuesto por los contrarios, y dirigido todo ello a que en la resolución que se adopte, sean tenidas en cuenta y valoradas todas estas actuaciones

La figura del abogado especialista en derecho penal, para ejercer la defensa letrada del imputado es necesaria para la debida defensa.

 

 

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